“-¡Hola! Vengo a denunciar a mi vecino porque sigue fumando en el portal, pero prefieriría mantenerme en el anonimato-”.Esta frase es la que ya se puede escuchar en las dependencias de cualquier comisaria municipal o en la Consejería de sanidad de las comunidades porque así lo permite la nueva Ley Antitabaco, que entró en vigor el 2 de enero de este año, y así lo anima la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
Otro motivo más para dividir a la sociedad española entre defensores y detractores de la ley. Como si de delincuentes se tratase, personas y propietarios de negocios que incumplan la ley podrían pagar multas que van desde los 30 hasta los 100.000 euros, dependiendo si se consideran sanciones leves, graves o muy graves. Además, existen páginas web o asociaciones como Facua desde donde también se puede denunciar las infracciones. Sin embargo, no queda claro qué tipo de pruebas justificarán el delito o si todo vale.
Para aquellos que cumplan la Ley y no teman ser pillados in fraganti por cualquiera, están de suerte porque se sentirán parte de esos grupos de fumadores excluidos que se amontonan a las puertas de bares y restaurantes para fumar. Una pésima imagen que contrasta con la que el Gobierno presume, la de España libre de humos. Pero solo en los espacios públicos cerrados, ahí no importa. Que nadie se equivoque, esta no es la mejor ley, pero si la más dura para hosteleros y fumadores.
Sin entrar en las consecuencias que generará a la larga esta norma y centrándonos en el objetivo “positivo” de la misma, la de proteger la salud pública, se podría decir que es la obligación de todo Estado sino fuera por la contradicción que la acompaña: se trata de una droga que lleva el sello de garantía de ese mismo Estado. Resulta muy difícil convencer a la población de las maldades de un producto con el que el propio Gobierno se llena los bolsillos.
Al fin y al cabo, con la salud también se puede hacer negocio. Con el dinero que recauden de las multas amortiguarán el que perderán por otro lado del descenso de las ventas de este vicio, calculado por los estancos en un 10%. Además, con la anterior subida del precio en diciembre, se embolsará 780 millones de euros. Porque aunque el problema siga existiendo, el balance inicial es que la ley, con sus lagunas y contradicciones, se está aplicando.
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